La publicación del segundo borrador del decreto que modifica el régimen del Registro Nacional de Turismo (RNT) abrió reacciones encontradas en el sector turístico y de la economía digital. El proyecto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo —que endurece la verificación de requisitos e impone obligaciones a las plataformas digitales— enfrenta a dos bloques: uno que pide culminar cuanto antes la reglamentación y otro que alerta por nuevas cargas y por el alcance jurídico de la medida.
Los que piden acelerar
Cotelco respaldó la publicación del borrador y recordó que el trámite responde a una solicitud del propio gremio. Su presidente ejecutivo, José Andrés Duarte, situó el fondo del asunto en la verificación de las condiciones para operar, más allá de la existencia del registro. "La ley ya exige una serie de requisitos para que los prestadores puedan operar (...) Lo que estamos viendo es que, por cuenta de la entrega de un Registro Nacional de Turismo, se están obviando los cumplimientos de estas leyes", afirmó.
Duarte advirtió que una parte de los prestadores opera sin atender esas obligaciones o con registros que no corresponden a la realidad: "Estamos viendo una buena cantidad de prestadores que ponen un Registro Nacional de Turismo que ni siquiera existe". La misma postura expresó el Consejo Turístico Colombiano (Ctur) —que integra, entre otros, a ANATO, Cotelco, Acolap e Iata—, para el que "resulta urgente culminar este proceso regulatorio". El bloque pidió además fortalecer el régimen sancionatorio contra quienes prestan servicios sin RNT o suministran información falsa.
Los que advierten por excesos
En la otra orilla, Asohost y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce) sostuvieron que la propuesta "impone nuevas cargas para los emprendedores de viviendas turísticas que ofrecen plataformas digitales, equiparándolas con la hotelería tradicional, pese a las diferencias entre ambos modelos". También cuestionaron que el texto se publique a pocas semanas del cambio de gobierno.
A ese bloque se sumaron AmCham Colombia, la Asociación Latinoamericana de Internet y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, que plantearon un reparo de fondo: el desarrollo reglamentario "excede la potestad reglamentaria que le confiere la Constitución" y "traslada a privados funciones de inspección, vigilancia y control que la ley reserva a las autoridades competentes". Las organizaciones también objetaron la creación de un sistema de interoperabilidad sin claridad sobre su funcionamiento ni los recursos para operarlo, cuya administración recaería en las cámaras de comercio.
Las cifras que respaldan cada postura
Ambos bloques apoyan sus argumentos en datos. Quienes cuestionan el alcance del decreto resaltan el peso de las plataformas digitales de alojamiento, que en 2024 habrían generado un impacto económico superior a $10,6 billones y respaldado más de 215.000 empleos, con un gasto de los viajeros de más de $9 billones en restaurantes, transporte y comercio. Añaden que el RNT creció más del 109% a 2025, como señal de su papel en la formalización.
Quienes respaldan la norma, en cambio, ponen el acento en la necesidad de trazabilidad y control efectivo para proteger al viajero y combatir la competencia desleal, en línea con las tendencias internacionales de registro de prestadores. El proyecto permanece en consulta pública, y el sector coincide en un punto: que el Ministerio evalúe los comentarios antes de expedir el texto definitivo.
